“La Jungla” del Perú y el gran bonetón en la defensa de los consumidores

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A inicios del siglo pasado un periodista norteamericano, Upton Sinclair, preocupado por las condiciones laborales de los inmigrantes, se hizo pasar por uno de ellos e ingreso a uno de los camales de Chicago y escribir un libro con la finalidad de despertar conciencias e impulsar cambios en la legislación laboral norteamericana, es así que en el año 1906 se publica su libro denominado “La Jungla” (The Jungle).

Este libro hace una descripción detallada de las condiciones en que se trabajaban en la industria procesadora de alimentos y puso en evidencia uno de los más grandes problemas norteamericanos en salubridad e inocuidad de alimentos. El libro se convirtió en un “best seller” y generó una serie de escándalos que fueron escalando hasta obligar al gobierno de Roosevelt a dictar una serie de leyes, que si bien no fueron necesariamente en legislación laboral, si a favor de los consumidores, como legislaciones sobre manipulación de alimentos y poco tiempo después la creación de la poderosa FDA (sus siglas en inglés Federal Drug Administration).

Es importante precisar que Sinclair, emplea la metáfora de la jungla para describir la manera en que el trabajador inmigrante está a merced de la corrupción, los políticos poderosos y empresarios de la industria de alimentos y de paso revela, sin querer, una de las falencias del sistema en la protección de los derechos de los consumidores norteamericanos para luego ser resuelto con regulación adecuada.

Qué diferencia con lo ocurrido recientemente en nuestro país a raíz de los escándalos mediáticos de las franquicias de “fast food” que con la ayuda de las redes sociales han puesto sobre la mesa las ineficientes capacidades de los funcionarios responsables y la débil legislación sobre salubridad e inocuidad alimentaria, como una muestra de la falta de políticas públicas en defensa y protección de los consumidores. Asistimos impávidos a como el Estado ( y cuando menciono a Estado no sólo me refiero a las municipalidades o el MINSA, sino a todo el aparato estatal) solo actúa con la política del bombero, con el perdón de ellos, es decir de manera reactiva, apagando incendios y no resolviendo el problema de fondo y jugando al “gran bonetón”, en donde los grandes perdedores somos los consumidores. Salen los funcionarios a declarar a los medios y lavarse las manos “precisando” cuáles son sus funciones y competencias (léase limitando sus responsabilidades) y los infractores, quienes tienen el privilegio de ser entrevistados tibia y extensamente en los medios de comunicación masivo, ensayan respuestas que sólo demuestran falta de respeto a sus clientes esperanzados justamente en la débil o nula capacidad del Estado en defender a quienes deben hacerlo, los ciudadanos.

Qué duda cabe que las redes sociales han empoderado a los consumidores, pero sólo a un grupo de ellos, los que tienen la suerte o privilegio de contar con estos servicios que si bien están volviéndose de uso generalizado no es suficiente. Además este empoderamiento del consumidor 2.0, como lo ha bautizado muy bien el Dr. Walter Gutierrez, si bien empieza a tener sus efectos, no será suficiente si no tenemos leyes que desincentiven dichas conductas y dirijan la protección de los consumidores a ellos mismos, una verdadera autorregulación  y no únicamente en el Estado, ya que éste último, históricamente se comprobado, no cuenta conlos recursos suficientes para tamaña empresa y además siempre está expuesto a ser objeto de captura por los regulados y supervisados.

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