Arbitraje de consumo y Estado

Arbitraje de consumo y Estado

arbitraje de consumo

Por: Paul H. Castro García
Abogado y consultor en temas de mercado

Uno de los avances más importantes referidos a los derechos de los consumidores en estos últimos años, ha sido la puesta en marcha del arbitraje de consumo (AdC) por parte del Indecopi.

 

Al ser el AdC un mecanismo alternativo de resolución de conflictos facultativo o voluntario, el tema mas complicado, por no decir su talón de Aquiles, es “convencer” a los proveedores adherirse al mismo. Algunos de los temores que tendrían los proveedores para adherirse al AdC, lo escuche de parte de un destacado abogado de empresas en una reunión hace pocos meses en el Cusco, antes de su lanzamiento e implementación. Me decía el asesor de empresas que ante la posibilidad que los laudos arbitrales (decisiones finales) establezcan montos indemnizatorios, éstos podrían ser sumas desproporcionadas, sumado a que no existirían árbitros con la experiencia o expertise necesarios para laudar independientemente de quienes los propusieran y que siendo el Estado – Indecopi por ahora, pero después gobiernos regionales o locales que administren y propongan árbitros – se puede incluso politizar el sistema. En principio no comparto dichos temores, mas aún si el día de hoy ya contamos con una lista de árbitros con suficientes pergaminos para garantizar la idoneidad y profesionalidad de sus decisiones y que han sido propuestos tanto por el sector de gremios empresariales, asociaciones de consumidores y el Estado (Indecopi), y además no olvidemos que para ser árbitros de consumo es necesario pasar por el filtro del Indecopi, y que el quantum tiene reglas y precedentes ya establecidas que garantizan su razonabilidad.

 

Y decía que no compartí los temores del abogado de empresas antes mencionado porque para que funcione el AdC, además de contar con una nómina de árbitros idóneos es imprescindible crear los incentivos necesarios para que los proveedores puedan ver los beneficios que trae este mecanismo alternativo de solución de conflictos, no solo en la reputación e imagen de su empresa sino además que el arbitraje de consumo otorgue un valor agregado a su negocio. Tratar de convencer a las empresas de los beneficios que tiene el AdC recurriendo a experiencias en países donde viene funcionando satisfactoriamente no es suficiente, el empresario peruano es en esencia escéptico, actúa en función a análisis de mercados cuando puede solventarlos y por lo tanto números y/o de experiencias de otros competidores cercanos que pueda conocer. He aquí, el talón de Aquiles para que pueda promoverse y difundirse el AdC.

 

Entonces, ¿habría que esperar algunos años o proveedores extranjeros que incursionen en el mercado peruano, que ya apliquen el arbitraje de consumo en sus países de origen o donde tengan negocios, y se acojan al arbitraje de consumo peruano para generar un efecto positivo y una mayor difusión entre empresas de su sector? Puede ser, pero creo que aquí el Estado también debe ayudar a generar los incentivos necesarios en su calidad de proveedor en el mercado.

Como sabemos el Estado además de brindar prestaciones sociales y asistenciales, también actúa en el mercado como agente económico realizando actividad empresarial, ejemplos hay varios y en diferentes sectores importantes, esta el Banco de la Nación en el sector financiero, ESSALUD en seguros (potestativos), Hospital de la Solidaridad y clínicas de Hospitales como el Loayza, del Niño en el sector salud, en el sector energía Petroperú, universidades estatales, beneficencias públicas, y el propio Indecopi a través de su Escuela Nacional, entre otros.

Sin embargo y a pesar de que el arbitraje de consumo es una política pública establecida por el Código del Consumidor, ninguna de estas instituciones, que tenga conocimiento, se ha adherido al AdC. Algunos dirán que como recientemente se ha lanzado este sistema no ha habido la oportunidad de que puedan adherirse, pero de acuerdo con el Registro de Proveedores Adheridos que administra el Indecopi, ya existen 17 proveedores privados inscritos, pero ninguna institución del Estado que realice actividades empresariales, y bueno si el Estado no da el ejemplo va a ser mas complicado convencer a las empresas privadas. Y otro detalle más respecto a lo beneficioso que sería la participación del Estado en el AdC, es  la envergadura de las operaciones de algunas de sus entidades en sectores importantes de la economía, como por ejemplo el Banco de la Nación, su adhesión al sistema de AdC no sólo obliga a dicha entidad brindar mejor atención a sus clientes (la mayoria consumidores vulnerables) sino además servicios idóneos, y su adhesión AdC tendría un efecto directo en sus competidores.

 

Entonces, como muchas otras cosas, queda en parte en manos del Estado que el AdC se difunda y promueva prontamente para beneficio de todos los usuarios y consumidores del país.

 

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